El Gobierno británico anunció este miércoles que indemnizará con 100.00 libras, el equivalente a 121.000 dólares, a miles de sobrevivientes y familiares de personas que murieron infectadas de VIH y hepatitis C a través de transfusiones de sangre contaminada en las décadas de 1970, 1980 y 1990.
“La moralidad de la indemnización está fuera de dudas”, dijo el antiguo juez del Tribunal Superior de Justicia británico, Brian Langstaff.
Aunque la larga investigación pública del escándalo todavía está en marcha, su responsable Langstaff recomendó el mes pasado proceder inmediatamente al pago provisional antes de dar por concluidas sus pesquisas, informó la agencia de noticia AFP.
El Gobierno señaló que los pagos serán libres de impuestos y se efectuarán a finales de octubre a los sobrevivientes del escándalo y a las parejas de las miles de personas que se estima que murieron por las transfusiones.
Se trata de una indemnización por el escándalo ocurrido en las décadas de 1970, 1980 y 1990 cuando miles de personas con hemofilia contrajeron hepatitis C o VIH tras recibir transfusiones de sangre a través del Servicio Nacional de Salud (NHS).
Debido a la escasez de reservas de sangre en Reino Unido, el NHS compró gran parte de sus existencias a proveedores estadounidense cuyos donantes, que incluían presos y otros grupos de alto riesgo, habían cobrado por dar sangre.
Se estima que 2.400 pacientes murieron tras ser infectados por estas transfusiones entre 1970 y 1980.
Una investigación anterior concluyó en 2009 que los distintos gobiernos deberían haber actuado para garantizar el autoabastecimiento de sangre en el país y disminuir la dependencia de las importaciones.
También había solicitado una indemnización para los afectados.
Una sentencia de 2017 del Tribunal Superior permitió a las víctimas y sus familias reclamar esta indemnización a través del sistema judicial.
En un comunicado, el primer ministro Boris Johnson reconoció que “nada puede reparar el dolor y el sufrimiento de aquellos afectados por esta trágica injusticia”.
Pero añadió que el gobierno estaba “tomando acciones para hacer lo correcto con las víctimas y aquellos que trágicamente perdieron a sus parejas, asegurándose de que reciban estos pagos provisionales lo antes posible”.
Sin embargo, los activistas indicaron que la medida no reconoce a la mayoría de familiares afectados por el escándalo, que no recibirán esta indemnización provisional.
Se espera que cuando la investigación pública termine el próximo año incluya recomendaciones para indemnizar a este grupo más amplio, como padres o hijos de las víctimas.
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