El exsecretario de Salud provincial, Pablo Carvajal, fue imputado por el presunto delito de “omisión de los deberes de funcionario público” en la causa que investiga la muerte de bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, de la capital de Córdoba, informaron fuentes judiciales.
De esta manera, el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la instrucción de la causa, resolvió imputar al exfuncionario por el mismo delito que ya pesa sobre el ex ministro de Salud, Diego Cardozo, y el ex vicedirector del hospital, Alejandro Escudero Salama.
El fiscal resolvió las imputaciones a los efectos de determinar si conocían, y no denunciaron, los casos de muertes sospechosas que estaban ocurriendo en ese nosocomio público provincial.
Hasta el momento suman siete los imputados desde que comenzó la investigación judicial ya que las acusaciones también alcanzan a la exdirectora, Liliana Asís; a las ex jefas de áreas del neonatal, Marta Gómez Flores y Adriana Morales, por los delitos de “omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica”.
En tanto, la única detenida, y sobre quien pesa el cargo más grave, es la enfermera Brenda Agüero (de 27 años), quien enfrenta la calificación legal de “homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso”, también en grado de “tentativa” por los bebés sobrevivientes y “falsedad ideológica”.
Según la investigación preliminar de la causa, que aún permanece con secreto de sumario, Agüero está sindicada como sospechosa de inocular intencionalmente sustancias tóxicas a los bebés, lo que luego le ocasionó la muerte.
También se investiga ocho casos de bebés que habrían sido inoculados con las mismas sustancias y sobrevivieron, que es lo que motivó que la enfermera también fuera acusada por ‘homicidio en grado de tentativa”.
La investigación judicial
La investigación judicial se conoció el 11 de agosto a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos entre marzo y junio pasados.
De acuerdo con los datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de este año.
Los informes periciales preliminares determinaron que dos bebés, nacidos el 6 de junio último, ocurrieron por cuadro de “hiperpotasemia” que fue causado por “por exceso de potasio inyectada de manera intencional”, ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.
El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, debió renunciar el 25 de agosto y fue imputado tras los cuestionamientos recibidos por no haber denunciado ante la Justicia porque, según la investigación, en marzo ya estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo y solamente se había iniciado un sumario administrativo interno.
En su lugar asumió Gabriela Barbás, quien estaba al frente de la Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de esa cartera.
En una causa conexa la justicia investiga si algún funcionario judicial también había sido notificado sobre las muertes sospechosas de los bebés y no actuó al respecto.
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